Más allá de la informalidad: economías populares, género y temporalidades en el Norte argentino

Florencia Antonella Nieva  (Universidad Nacional de Jujuy).

En muchas ciudades del Norte argentino, las prácticas económicas se hacen visibles en la vida cotidiana: ferias barriales, puestos de comida y venta ambulante, talleres familiares y comedores comunitarios, sobre todo entre personas que se encuentran lejos de las relaciones tradicionales de empleo asalariado, en su mayoría realizadas por mujeres. Estas actividades suelen agruparse bajo la categoría de informalidad. Sin embargo, también ha cobrado fuerza en los últimos años el término economía popular (EP), que busca explicar estas formas diversas de trabajo y, a la vez, valorizarlas, acentuando sus posibilidades: la generación de sustento para millones de hogares excluidos (total o parcialmente) del empleo regulado.

Si bien en Argentina estas prácticas tienen una correlación directa con los procesos de expulsión del mercado formal de trabajo luego de la década de 1990, la profundidad histórica de muchas de ellas es mucho mayor y se entrelaza con procesos de multiplicidad temporal.

En un plano de tiempo “inmediato” se ubicarían las prácticas y estrategias de sostenimiento cotidiano de los hogares. La venta ambulante, la comercialización de productos agroganaderos, los comedores comunitarios, el reciclado, la producción textil y diversos servicios urbanos conforman un entramado heterogéneo de actividades cuyo rasgo común es la centralidad de la propia fuerza de trabajo y la ausencia de salario estable.

Entre las experiencias de la vida cotidiana aparece reiteradamente la expresión “vivir al día”. Esta frase sintetiza la precariedad estructural que implica no contar con ingresos previsibles ni capacidad de ahorro sostenido. Sin embargo, la inmediatez no debe confundirse con improvisación. Las trabajadoras despliegan estrategias complejas de cálculo y administración: sistemas rotativos de ahorro, préstamos familiares, articulaciones entre campo y ciudad y distribución de tareas entre generaciones.

Muchas mujeres describen trayectorias laborales atravesadas por migraciones rurales-urbanas, trabajo doméstico previo o inserciones intermitentes en el empleo formal, y señalan que la EP les permite, en la actualidad, una mayor amplitud en términos de tiempo, remuneración y articulación con las tareas de cuidado que el trabajo asalariado. En numerosos casos, las actividades aparecen como continuidad de circuitos familiares de producción y comercialización, especialmente en la venta callejera o en ferias. En los puestos se encuentran simultáneamente abuelas, madres e hijas, lo que revela la dimensión transgeneracional del trabajo.

Aquí la economía no se organiza en torno a la acumulación, sino al sostenimiento de la vida. La ganancia se orienta prioritariamente a la reproducción inmediata del hogar: alimentación, alquiler y educación de los hijos. La planificación económica está subordinada a la urgencia de garantizar condiciones mínimas de subsistencia. Desde la economía feminista, este escenario permite problematizar la división clásica entre producción y reproducción. Las mujeres no solo producen bienes para el mercado, sino que integran en una misma jornada tareas comerciales y domésticas. Venden con sus hijos al lado del puesto, coordinan comedores, gestionan recursos estatales y sostienen el trabajo de cuidado. Se configura así una doble explotación: productiva y reproductiva. Pero también emerge una resignificación del trabajo, donde la reproducción deja de ser invisible y se vuelve práctica pública.

Un segundo plano correspondería al tiempo medio, vinculado a procesos históricos de varias décadas, donde podría ubicarse a la EP como una esfera dentro del denominado sector informal en torno a la desocupación. Las transformaciones estructurales de los años noventa en Argentina (privatizaciones, apertura económica, desindustrialización y la crisis de 2001) marcaron una ruptura en la centralidad del empleo asalariado como eje de integración social.

En ese contexto emergieron los movimientos de trabajadores desocupados, cuyas prácticas como piquetes, ollas populares y asambleas configuraron nuevas formas de acción colectiva. Las mujeres desempeñaron un rol fundamental en estas experiencias, especialmente en la organización de tareas reproductivas que hicieron posible la sostenibilidad de la protesta.

Con el tiempo se produjo un desplazamiento categorial decisivo: de “desocupados” a “trabajadores de la economía popular”. Este cambio no fue meramente nominal, sino estratégico y político, ya que permitió disputar el reconocimiento de actividades realizadas por fuera del mercado laboral formal como trabajo socialmente necesario. La conformación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y, posteriormente, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto con la sanción de la Ley de Emergencia Social, consolidaron parcialmente este proceso de institucionalización. El Salario Social Complementario implicó un reconocimiento incipiente de la existencia de trabajo más allá del empleo formal.

Sin embargo, esta institucionalización no eliminó tensiones. En la capital de la provincia de Jujuy, por ejemplo, la EP es abordada como parte de un fenómeno urbano a regular. La formalización se vincula al pago de un canon y a la autorización precaria para ocupar el espacio público, al tiempo que la actividad es presentada como algo “excepcional” y el control predomina en el discurso oficial. A nivel provincial se promueve la capacitación y el microemprendimiento, aunque frecuentemente bajo la figura del emprendedor individual, despolitizando la dimensión colectiva del trabajo.

La politización de la reproducción aparece aquí con claridad: los comedores comunitarios, la organización territorial y las jornadas de protesta no son actividades paralelas al trabajo, sino parte constitutiva del mismo. La demanda central no es asistencia, sino reconocimiento. El reclamo de una entrevistada no pedimos trabajo porque ya trabajamos, expresa una disputa por la definición legítima del trabajo y por el acceso a derechos.

Un tercer y último plano correspondería a la larga duración. En Jujuy, la EP se inscribe en un territorio atravesado por la presencia indígena y por circuitos históricos de intercambio entre zonas rurales y urbanas. Prácticas como el pasanaku (o pasamanos) remiten a formas comunitarias de reciprocidad que anteceden al neoliberalismo contemporáneo y se reconfiguran en la actualidad. Los circuitos agroganaderos familiares, donde mujeres comercializan productos del ámbito rural, muestran la continuidad de saberes económicos andinos.

La noción de multiplicidad temporal permite comprender que estos tiempos no se suceden linealmente, sino que coexisten. La EP, en este sentido, no es simplemente un producto o consecuencia de la exclusión neoliberal, sino la expresión de una trama histórica más profunda donde se entrelazan lógicas capitalistas, comunitarias y estatales.

Estas tres temporalidades aquí señaladas no están jerarquizadas ni conforman una genealogía lineal. Funcionan como una trenza. En el puesto de venta conviven la urgencia del día, la memoria de luchas seculares y la continuidad de prácticas comunitarias ancestrales. Las identidades que emergen son múltiples y situadas. Una misma mujer puede ser comerciante, madre, referente territorial y heredera de un circuito productivo familiar. La EP no se constituye como un sector homogéneo, sino como un espacio de disputas internas, lógicas de poder y tensiones, atravesado por desigualdades de género, migración y racialización. En este marco, la reproducción social deja de ser un ámbito secundario y se convierte en centro de producción de valor y de conflicto político. Las EP obligan a repensar la relación entre trabajo, género y ciudadanía desde el Sur Global. En este contexto, la categoría informalidad, vista como un sector económico productivamente atrasado dentro del capitalismo, explicaría las lógicas de la EP solo parcialmente, en una de sus temporalidades.

Las políticas públicas de formalización suelen partir de un supuesto implícito: que existe un modelo normativo de trabajo asalariado hacia el cual las prácticas económicas deberían converger. Sin embargo, el análisis etnográfico muestra que la EP no es simplemente un conjunto de prácticas económicas incompletas o parte de un proceso de transición, sino una trama de configuraciones sociales densas, con racionalidades propias, redes comunitarias y formas específicas de articulación entre producción y reproducción.

En amplias regiones de América Latina, estas actividades han sido ejes nodales de la producción y reproducción de la vida en un marco de heterogeneidad estructural. La pregunta que emerge entonces no es únicamente cómo formalizar, sino qué significa formalizar cuando lo que está en juego no es solo una actividad económica, sino una forma de organizar la vida. ¿Es posible diseñar políticas de formalización que no desarticulen redes de reciprocidad, arreglos familiares y estrategias colectivas construidas históricamente? En otras palabras: si la informalidad no es ausencia de forma, sino formas históricas específicas, ¿qué tipo de políticas de formalización podrían dialogar con esta historicidad sin desactivarla?